REFLEXIÓN
El brindar servicios adecuados de salud y atención a las víctimas de trata no es solamente una obligación humanitaria, sino también un asunto de salud pública para los países de origen, tránsito y destino. Debido a que la población en general también queda expuesta a altos riesgos de salud pública relacionados con la trata, los Estados deberían comprometerse a la prevención y control de enfermedades en este campo.
La trata representa sin duda una grave violación de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Es también una actividad criminal altamente lucrativa, en la que frecuentemente están involucradas redes organizadas a menudo asociadas con otras actividades delictivas como el tráfico de migrantes, el narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas. La trata de personas se convierte así en un tema importante de seguridad nacional e internacional e incluso de salud pública.
El impacto de la trata en sus víctimas, especialmente en las mujeres y las niñas es devastador. Además de la coacción y la frecuente violencia física, existen serias secuelas en las mujeres víctimas sujetas a la explotación sexual, como es el caso de las infecciones de transmisión sexual, la transmisión del VIH/SIDA, abortos forzados, la propensión al alcoholismo y al consumo de estupefacientes e incluso muertes anónimas e impunes a manos de la delincuencia organizada.
Las mujeres víctimas de trata son socialmente rechazadas pero masivamente utilizadas; “invisibles” debido a la clandestinidad que las rodea; absolutamente indefensas, desprotegidas y extorsionadas en todos los aspectos y hasta puntos difícilmente soportables.
El impacto psicológico no es menor, desde la inseguridad y la pérdida de la autoestima hasta los traumas más permanentes causados por el abuso y la violencia física y mental. La secuela de daños psicológicos en los niños y niñas víctimas de la trata es siempre difícil de superar, y en muchos casos irreparable.
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